LA RFEF CONSIDERA TOTALMENTE ILEGAL EL ACUERDO CVC-LNFP

La Real Federación Española de Fútbol ha tenido la oportunidad de examinar antes de la Asamblea de mañana y con un margen de sólo 48 horas la documentación proporcionada - no sabemos si de manera completa- por la LNFP que estructura la operación pretendida por ésta y CVC. Esa operación, realizada con ausencia de la más mínima publicidad y concurrencia en la selección del adjudicatario, tiene dos partes: la relacionada con la comercialización de los derechos audiovisuales, por un lado; y el resto de negocios de la LNFP, que conforman un grupo heterogéneo, por otro.



En cuanto a los acuerdos entre la LNFP y CVC relacionados con los derechos audiovisuales de los clubes y sociedades anónimas deportivas, la RFEF debe manifestar su oposición. No sólo por razones legales, que indudablemente generarán numerosos litigios derivados del acuerdo y pueden poner en duda su propia viabilidad, toda vez que se pretende forzar hasta el extremo algunas instituciones jurídicas; sino también por razones económicas, dado que se gravan intensamente  los derechos de los clubes y SADs para los próximos cincuenta años a cambio de una cantidad de dinero poco significativa. Pero lo más importante, es que el acuerdo acrecienta la desigualdad e imposibilita de una manera capital y definitiva una evolución razonable del formato de la competición de fútbol profesional en España, haciendo que en la práctica y en aplicación del acuerdo la competición quede petrificada sin posibilidad de evolución o sólo pueda modificar cuando un tercero ajeno a la estructura deportiva así lo decida o acuerde hecho que vulnera de manera flagrante la ley y el modelo deportivo europeo. Además, olvida a los clubes que disputan competiciones no profesionales que, en el momento de su ascenso a la competición profesional, verán que sus ingresos se encuentran reducidos por la retribución de CVC, sin que hayan obtenido ningún beneficio por la aportación de esa entidad.



Si hay clubes que, con sus derechos inalienables e indisponibles por terceros, quieren endeudarse de manera voluntaria, no hay problema en que lo hagan, tanto si las condiciones se consideran de mercado como si son usurarias, pero no mediante un acuerdo ilegal que obliga a todos, mediante la falsa atribución a favor de la LNFP de derechos que no posee. Más aún, vemos poco riguroso y muy oportunista, tratar de traspasar las fronteras de la ley para llegar a un acuerdo económico pésimo y lamentable de cara al futuro de todo el fútbol español y, en cambio, fantástico para un fondo y otros posibles beneficiados.



La RFEF debe advertir además, que no va a consentir que se reduzca durante esos cincuenta años la aportación al fútbol modesto que proviene de esos derechos audiovisuales. El Real Decreto-Ley 5/2015 instauró un modelo de comercialización centralizada muy beneficioso para la LNFP, estableciendo unos controles y unas aportaciones obligatorias para determinadas finalidades. Si la LNFP pretende ahora saltarse los controles y disminuir las aportaciones a que el Real Decreto-Ley le obliga, la RFEF se verá obligada a ejercer las acciones legales que procedan para defender sus derechos y los del fútbol no profesional. En este punto conviene recordar que el Consejo Superior de Deportes se encontraría en la misma situación que la RFEF.



En lo que respecta al resto de negocios de la LNFP, la RFEF se limita a constatar que se pretende crear una nueva estructura societaria, cuya única finalidad radica en que el Presidente de la LNFP se convertirá en el Presidente de la nueva entidad, percibiendo además nuevos emolumentos por ello y eludiendo los ya de por si pocos controles que ahora se le imponen.



En definitiva, analizando la operación con una perspectiva de cincuenta años, que es la prevista por la LNFP y CVC, así como sus contenidos, hemos de concluir que la misma excede de lo que se pudiera entender por la comercialización de los derechos audiovisuales a las que se limitan las competencias de la Liga, pudiendo afectar de manera irreversible al futuro de la competición.



La RFEF, siendo consciente de las diversas quejas y comentarios que le han hecho llegar diversos clubes de Primera y Segunda División, ha comunicado su firme oposición a este acuerdo, mediante un burofax enviado a la LNFP.